Después de fracasar el intento de fincarle juicio político,
ahora el PRD lo impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, cuya instancia federal, a través del IFE, ya lo había encontrado
culpable de promociona su imagen con recursos públicos.
Por Enrique Huerta
El pasado domingo el ex gobernador Félix González Canto
recibió la constancia del Instituto Federal Electoral que lo acredita como
senador electo en segunda fórmula por el estado de Quintana Roo.
Tres días después, el Partido de la Revolución Democrática,
PRD, presentó ante el mismo órgano electoral, un juicio de inconformidad para
que se invalide su elección y no llegue a la curul de la máxima tribuna.
El ganador fue impugnado debido a que el mismo IFE lo
encontró culpable de haberse promocionado con recursos públicos durante su
Sexto Informe de Gobierno. El Concejo General de este organismo consideró que
estas acciones configuran claramente actos anticipados de campaña al haberlo
hecho a escasos meses de lanzar su candidatura.
Ahora, como lo había anticipado en exclusiva Luces del Siglo, González Canto deberá
esperar lo que resuelva la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Nación (donde fue turnado el expediente presentado en el IFE
local) para poder enfundase como Senador de la República.
José Antonio Meckler Aguilera, diputado por el PRD, había
anticipado el escenario después del revés de la Suprema Corte de Justicia para
fincarle juicio político desde el Congreso Local: “Félix no va a ser senador,
te lo repito”, insistió.
No es el único intento para bajar a González Canto del
pedestal donde se encuentra. El primero de ellos fue en el terreno del Congreso
Local, al que el IFE remitió su resolución condenatoria contra el exgobernador
para que procediera conforme a derecho. Pero no pasó nada, el Congreso Local de
mayoría priísta desechó la demanda de juicio político que promovieron los
diputados de oposición.
Ante ello, los mismos diputados opositores recurrieron
después a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sancionar a los
diputados que se prestaron a ocultar información de la resolución del IFE.
Supuestamente el material llegó incompleto, pero después se supo que fue una
argucia dilatoria para dejar sin efecto el juicio por el plazo de la caducidad.
De acuerdo a la Constitución del Estado de Quintana Roo, el
ejecutivo estatal puede ser sometido a
juicio político hasta antes de cumplir un año de haber dejado el poder. Este
plazo concluía para González Canto el pasado 5 de abril y la notificación del
IFE se hizo con 15 días de anticipación a esta fecha. Sin embargo, se guardó
silencio hasta que diputados de oposición se dieron cuenta y alcanzaron a
promover el juicio político dos días antes del plazo fatal.
No fue suficiente. La aplanadora priísta se las arregló para
desecharlo. Tales hechos fueron denunciados ante la Suprema Corte pero
simplemente el asunto no prosperó porque los diputados opositores utilizaron la
vía del juicio de acción de inconstitucionalidad en vez de la controversia
constitucional que es el instrumento idóneo para demandar excesos de los
órganos de poder, como lo es el Congreso.
Con toda razón, el máximo tribunal del país lo declaró
improcedente: “Lo hicieron mal para beneficiar a Félix”, confió uno de los
diputados denunciantes inconformes porque algunos de sus compañeros le
vendieron el favor al ex gobernador.
Pero el capítulo no terminó ahí. Y el PRD ahora llevó el
pleito al ámbito electoral, donde ha ganado muchas batallas, como el haber
bajado a Marybel Villegas de la candidatura a la diputación en el 2009, la
controversia por la destitución de Juan Ignacio García Zalvidea y la
destitución del consejero Presidente, Carlos Soberanis Ferrao.
Espejito, espejito…
El intento de bajar de la senaduría a González Canto tiene como punto de
partida el resolutivo del IFE en el que, después de analizar testimoniales de
radio y tv en todo el país, encontraron que para el Sexto Informe de Gobierno
González Canto usó contratos con la cadena nacional Televisa que difundió su
imagen fuera del territorio estatal y del término legal previsto en la Ley.
Todo con recursos públicos.
No sólo fueron atemporales los spots de marras, sino que a
la luz de las candidaturas en los meses posteriores a su salida del gobierno,
el ex mandatario se apuntó para una senaduría que, en segunda fórmula detrás de
Niño Verde, obtuvo con 197 mil 266 votos, incluso, le ganó al candidato
presidencial del mismo partido, Enrique Peña Nieto por casi 30 mil votos.
No le perdonan desde la oposición al ex gobernador el haber
dejado al estado en bancarrota con una deuda de más de 13 mil millones de pesos
sólo en bancos, que los ciudadanos deberán pagar en un término de 25 años, en
algunos casos.
“Está buscando impunidad y seguir haciendo negocios con el
Dragon Mart, donde detrás de eso está en Niño Verde”, apunta Meckler, quien
incluso compara la situación de Quintana Roo con la de Coahuila. “La deuda que
dejó Félix es inmensa y tiene que responder, así como se la están cobrando a
Moreira (Huberto)”, afirmó.
Aunque el movimiento Yosoy132Cancún documentó ante la PGR
más de 20 irregularidades durante la elección (Luces del Siglo 460), según el equipo jurídico del PRD los
argumentos con los que impugnan a González Canto no son fruto de una
investigación del partido ni del movimiento juvenil: es el mismo IFE el que
documentó el uso de recursos públicos para promocionar su Informe de Gobierno
en todo el país, cuando su obligación era hacerlo en el ámbito estatal y sólo
siete días antes y cinco después del informe.
De acuerdo al documento que forma parte de la nueva demanda,
el mismo ex vocero de González Canto, Jorge Acevedo, admitió a la autoridad
electoral que los spots fueron sufragados con dineros públicos, tal y como
figura en el informe del IFE.
“…los mensajes
televisivos considerados infractores de los artículos 134, párrafo 8, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 228, párrafo 5, del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, fueron
sufragados con recursos públicos (atento a lo informado por quien fuera
el Titular de la Unidad del Vocero del gobierno de esa entidad federativa…”.
Al haber acreditado el IFE la violación a la normatividad electoral,
resolvió, según consta en el resolutivo SCG/PE/PRD/CG/018/2011, que sean la
Contraloría del Gobierno y el Congreso del Estado de Quintana Roo quienes
apliquen la sanción correspondiente. Sin embargo, la sanción no fue aplicada ni
por una ni por otra; en el caso del Congreso, por la mayoría priísta que
argumentó que el expediente llegó incompleto y fuera del término. En el caso de
la Contraloría se desconocen los argumentos. “Félix dejó el estado en la
bancarrota y ahora busca impunidad, pero insisto, no va a ser senador”,
finaliza el diputado.
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Fragmentos de la demanda
Sacó ventaja para conseguir la candidatura…
“…las acciones de promoción llevadas a cabo en el año 2011, “le
significó (a González Canto) mayor oportunidad de difusión y promoción y por
tanto, una ventaja en la lucha por conseguir el registro como candidato al
cargo de Senador postulado por el Partido Revolucionario Institucional.
Actos anticipados de campaña
Con base en lo antes expuesto, este alto Tribunal debe estimar que la
realización de las acciones de referencia, constituyen actos anticipados de
precampaña, es por ello que resulta válido sostener que el ciudadano Félix
Arturo González Canto violentó lo señalado en lo previsto en el artículo 344,
párrafo 1, inciso a) del código federal electoral.
Sólo es necesario un acto anticipado de campaña
“…resulta procedente tener en cuenta las consideraciones sostenidas por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al
resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-81/2009 y su
acumulado SUP-RAP-85/2009 en el sentido de que para que se actualice un acto
anticipado de campaña, es suficiente realizarlo con el solo objetivo de obtener
el respaldo para alguna postulación, antes de la fecha de inicio de las
campañas, sin que sea en todos los casos necesaria la difusión de la propuesta
de algún candidato o plataforma política.
“En tal virtud,
el mandatario quintanarroense también debe ser responsabilizado por la
conculcación a la normativa comicial federal, en razón de que apareció en
diversos mensajes televisivos y radiales alusivos a su informe de gestión (y
que fueron motivo de la inconformidad planteada por el Partido de la Revolución
Democrática), los cuales no cumplieron con los requisitos exigidos en el
artículo 228, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (al haber rebasado los límites temporal y espacial allí previstos),
por lo cual, constituyeron actos de promoción personalizada a su favor, en
detrimento del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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