Por Ramón Alberto Garza
El 19 de diciembre del 2012 la portada de Reporte Indigo denunciaba contundente: Gobernación premia a socio del Royale.
Por Ramón Alberto Garza
La investigación de Hugo Gutiérrez revelaba
cómo, en las últimas horas del sexenio, el gobierno de Felipe Calderón autorizó
casinos a dos hombres sobre quienes se habían girado órdenes de aprehensión.
Con documentos oficiales se daba cuenta que
los permisos fueron expedidos entre las 11 de la noche del 30 de noviembre, y
las 3 de la mañana del primero de diciembre.Uno de esos permisos, incluso, era a favor de uno de los socios del trágico Casino Royale, el centro de apuestas de Monterrey en el que la tarde del 25 de agosto del 2011 fallecieron 52 personas, en un ataque perpetrado por Los Zetas.
La información publicada entonces como primicia, dejó en claro que dentro de Gobernación existía una mafia que protegía los intereses de los casineros por encima de los ciudadanos.
El simple hecho de que esos permisos se
expidieran literalmente “al cinco para las 12” del cierre del sexenio
calderonista, evidenciaba el contubernio.
Pero no pasaron muchos días para que esas
mafias se exhibieran todavía más con la denuncia de Talía Vázquez Alatorre,
exesposa de Juan Iván Peña Neder, quien fuera coordinador de asesores del
subsecretario de Gobernación calderonista Abraham González.
Y ante César Cepeda y las cámaras de Reporte
Indigo, la denunciante expone con lujo de detalles cómo su exmarido y dos
funcionarios más –Guillermo Santillán Ortega y Roberto Correa Méndez– tejieron
una bien aceitada red de tráfico de permisos y protección para casineros.
Lo hicieron de la mano de personajes ligados
con el primer círculo calderonista como Roberto Gil Zuarth y el abogado Julio
Esponda. El decir de Talía Vázquez Alatorre va acompañado de su respectiva
denuncia de hechos ante la Secretaría de Gobernación.
Y hoy se refrenda en estas páginas con la
publicación de copias de los cheques girados por el funcionario de Gobernación
a favor del abogado gestor. Uno de ellos, dos días antes del incendio en el
Casino Royale.
Frente a esta realidad, el gobierno de Enrique
Peña Nieto tiene su primera oportunidad de poner en marcha su tan anunciado
plan anti corrupción.
Nada mejor para ello que llevar hasta sus
últimas consecuencias las indagatorias denunciadas por la esposa del
exfuncionario de Gobernación. Hay denuncia oficial, hay documentos, existen
correos electrónicos y cheques.
Y no es una denuncia oportunista. Fue
presentada el 27 de abril del 2012, en pleno sexenio calderonista, ante el
mismo secretario de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública en turno.
Todos callaron.Hablamos del presunto involucramiento de funcionarios de muy alto nivel de esa dependencia. Pero sobre todo de quien fuera secretario particular del presidente Calderón, subsecretario de Gobernación, coordinador de la campaña presidencial del PAN, y ahora senador.
Como secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong debe apostar por la transparencia y con ello demostrar que el
nuevo gobierno vela por el interés de los ciudadanos, no por el de las mafias
del juego.
¿Quién ordenó en las últimas horas del sexenio
calderonista la sospechosa expedición de permisos para dos nuevos casinos?Peor aún, si uno de los permisos fue firmado a las 3 de la mañana del primero de diciembre del 2012, ¿no estamos hablando ya del nuevo gobierno? ¿Alguien usurpó funciones o falseó la firma?
¿Qué tan acreditables son las denuncias que
revelan la compleja red de funcionarios de Gobernación beneficiados con
sobornos y favores de los dueños de esos casinos?
Basta con responder esas preguntas. Que no lo
dejen al azar.
*Por interés general, tomamos esta columna
publicada por Reporte Índigo,
correspondiente al jueves 10 de enero de 2013.
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