Debido a la escasa información por parte de la empresa Real Estate Dragon Mart y de las dependencias gubernamentales, el Congreso de la Unión solicitó a los tres órdenes de gobierno toda la información sobre el caso.
En la discusión parlamentaria se señaló que, de instalarse este proyecto, implicaría la operación de prácticas de dumping, comercio desleal y se violaría lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Comercio Exterior. Además de las afectaciones a la industria y al medio ambiente.
En el ámbito
federal, las cosas no le van mejor al Dragon Mart, tanto el secretario
de Medio Ambiente como el de Economía, Juan José Guerra Abud e Ildefonso
Guajardo, respectivamente, informaron que a sus dependencias no ha ingresado
ninguna solicitud al respecto.
A pesar
todo, el director del Dragon Mart señaló que el proyecto cumple en
materia legal, que no hay “ningún elemento ni ambiental ni económico que impida
que el proyecto se realice, cuyo 90 por ciento es capital nacional”, aunque en
marzo de 2011 se habló de una inversión china de más de 40 por ciento.
El Dragon
Mart, que nació al final de la gestión de Félix González Canto, se está
quedando solo, a la espera de que el Congreso haga un llamado para ver si
continúa el que fuera denominado por el actual gobernador de Quintana Roo,
Roberto Borge Angulo, como “el proyecto del sexenio”.
Dragon Mart sale a la luz a finales de 2011. El proyecto ejecutivo señala que
el gobierno estatal, encabezado por el ex mandatario Félix González Canto,
ofreció apoyos como subsidios y gestionar otras facilidades, como exenciones
fiscales, ante el gobierno municipal y federal.
A finales de 2012, el
director del Dragon Mart, Juan Carlos López Rodríguez, negó que haya un
beneficio en su carga tributaria. “Hay un convenio con el gobierno de Quintana
Roo para coadyuvar en la gestión (de trámites) en el municipio (…) El gobierno
del estado firmó un convenio, hasta ahora no nos ha dado exenciones”.
En julio de
2012, el presidente municipal de Benito
Juárez, Julián Ricalde, señaló que no dará “cheques en blanco”. Tiempo después,
negó que su administración haya recibido solicitud alguna. “Lo primero que hay
que hacer es conocer el proyecto”, porque sólo ha conocido la información del
Dragon Mart por los medios.
López Rodríguez aseguró que los
inversionistas se interesan por los rubros de la construcción, ferretería, el
sector agroindustrial, entre otros, y no por los juguetes y calzado. Luego dijo
que quien así lo desee, podrá comercializar cualquier mercancía. Después, los
directivos se comprometieron a firmar un acuerdo en el que se estipulará que no
se tocará ni el calzado, ni la confección, ni el juguete.
El 28 de septiembre de 2012 el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental estatal
autorizó el Dragon Mart, aunque un oficio del 19 de diciembre, dirigido a la
diputada Graciela Saldaña, firmado por el subsecretario de Gestión para la
Protección Ambiental de la Semarnat, Rafael Pacchiano, advierte que en la
dependencia “no se tiene proyecto alguno” bajo ese nombre.
En la primer quincena de diciembre de 2012, ya con la atención nacional
centrada en el tema, López Rodríguez aclaró que no solamente los comerciantes
chinos y mexicanos podrán adquirir un local en este centro de distribución de
mercancías, sino que los empresarios pueden exhibir productos de cualquier
origen.
El 3 de enero, la Comisión Permanente del Congreso
solicitó toda la información al ayuntamiento, al gobierno estatal, a la
Semarnat, a la SE y a la Segob, sobre el Dragon Mart. La diputada Graciela Saldaña informó que 10 días
después de recibir la información, se determinará si se hace la recomendación
de rechazar o aprobar el proyecto.
En la discusión de los congresistas quedó al descubierto que el Dragon Mart se presentó como un
“desarrollo turístico”, por lo que no cuenta con el cambio de uso de suelo
forestal en la totalidad del predio donde se desarrollará el proyecto y carece
de los permisos de construcción.
Los reclamos de los empresarios continúan. La Concamin, la Canacintra,
entre otras organizaciones, alertaron de prácticas desleales de comercio, así
como “el riesgo de inversiones inestables, con capitales golondrinos”, lo cual
sólo generará desempleo y daños al medio ambiente, a la industria y a la
economía nacional.
La semana pasada, el gobernador de Quintana Roo, Roberto
Borge, informó que solicitará a la Secretaría de Economía federal revisar el
proyecto Dragon Mart, y aseguró que si la dependencia federal ofrece su aval,
su administración también la apoyará.

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